Por esta razón, cuando una emergencia golpea a un territorio, el impacto no se distribuye de manera equitativa. La vulnerabilidad no es un atributo ni una condición inherente a las personas; es el resultado directo de las barreras del entorno, las fallas institucionales y la falta de diseño accesible.
Frente a esta realidad, vale la pena hacer una pausa y preguntarnos: ¿Qué significa realmente gestionar el riesgo ante emergencias y desastres? Gestionar el riesgo no consiste simplemente en reaccionar, activar sirenas o repartir ayuda humanitaria una vez que la tragedia ya ha ocurrido. La gestión del riesgo es un proceso continuo, planificado y sistemático que se articula en tres grandes momentos:
Primero: conocer y prevenir. Implica identificar las amenazas, evaluar nuestras vulnerabilidades y tomar medidas estructurales antes de que el evento ocurra, para así reducir sus posibles daños.
Segundo: preparar y responder. Significa contar con planes claros, protocolos coordinados, sistemas de alerta efectivos y capacidades de respuesta oportunas para salvaguardar la vida en el momento mismo de la crisis.
Tercero: recuperar y reconstruir. Supone aprender de la emergencia para reconstruir mejor y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a futuros eventos.
En síntesis: gestionar el riesgo es actuar de manera anticipada sobre las causas estructurales que generan la vulnerabilidad, y no únicamente sobre sus consecuencias. Ahora bien, una gestión del riesgo que omite la diversidad real de la población es, por definición, incompleta, ineficaz e injusta. Y es aquí donde el enfoque inclusivo cobra una relevancia estratégica e impostergable.
Históricamente, los planes de emergencia se han diseñado pensando en un “ciudadano promedio” estandarizado: alguien que se supone puede oír una alarma, bajar rápidamente por una escalera o interpretar un letrero impreso.
Gestionar el riesgo con enfoque inclusivo significa cambiar el paradigma: pasar del modelo asistencialista a un enfoque sólido de derechos humanos. Significa comprender que la vulnerabilidad no reside en la persona con discapacidad, sino en las barreras del entorno y en la falta de planificación accesible.
Para que la gestión del riesgo sea verdaderamente inclusiva, debemos articular nuestra labor sobre tres principios rectores:
- Participación real y sustantiva: diseñar los planes, mapas de riesgo e instrumentos de emergencia con las personas con discapacidad, bajo el principio: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
- Accesibilidad universal: garantizar que la información, la infraestructura y las rutas de evacuación sean comprensibles y utilizables por todas las personas, en todas las fases del ciclo del riesgo.
- Capacidad e institucionalidad pública: dotar al Estado de herramientas operativas concretas que transformen la perspectiva de derechos humanos en decisiones y protocolos cotidianos.
La “Guía Práctica sobre Discapacidad y Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Público: lineamientos básicos para el desarrollo de una resiliencia inclusiva”, que CITRID y Senadis presentaron el pasado 4 de agosto representa precisamente eso: un instrumento concreto para que el sector público integre la inclusión como una norma estándar y no como una excepción o una medida accesoria.
Un país verdaderamente resiliente es aquel que no deja a nadie atrás. Al integrar la dimensión de la discapacidad en la gestión del riesgo de desastres, no solo protegemos a un grupo prioritario, sino que elevamos la calidad y la capacidad general del Estado para responder ante cualquier amenaza.
* Viviana Ulloa es subdirectora del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres (CITRID)