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En 2017, un grupo de científicos liderados por el neurobiológo Rafael Yuste publicó las cuatro prioridades éticas que podrían derivar de los potenciales avances de la neurotecnología y la inteligencia artificial. Estas se resumen en (1) Resguardar la privacidad y autonomía; (2) Proteger la identidad y capacidad de elegir nuestras acciones, (3) Regular la “aumentación artificial” de capacidades cerebrales, y (4) Controlar los sesgos de procesos automatizados de toma de decisiones. Todo esto, en un escenario hipotético donde inteligencias artificiales que conocen el código del cerebro humano, tienen acceso a los datos neurales de la población. Como reconocen los propios autores, “puede tomar años, incluso décadas, para que las interfaces cerebro-máquina y otras neurotecnologías sean parte de nuestras vidas diarias”.
Chile es uno de los pocos países del mundo que intentará proteger los “neuroderechos” a través de un proyecto de ley que “protege la integridad mental y el libre albedrío”. Sin duda en las ultimas décadas hemos presenciado avances notables de la neurotecnología. Por ejemplo, los implantes para la estimulación eléctrica de áreas profundas del cerebro se usan rutinariamente para el tratamiento de trastornos motores como el Parkinson y la distonía. Por otro lado, las interfaces cerebro-máquina, que son sistemas que generan instrucciones para un computador a partir de la actividad cerebral, permiten que una persona tetrapléjica puede controlar de manera limitada un brazo robótico a voluntad. Estos avances, fruto de décadas de investigación, han estado hasta ahora confinados a las condiciones controladas del laboratorio experimental. Sin embargo, empresas como Neuralink, en un intento de llevar estos avances al público, han desarrollado avances técnicos de las interfaces cerebro-máquina, como miniaturización y automatización de algunos procedimientos.
Si bien los avances en el área son ciertamente alentadores, estos son incipientes, y objetivamente estamos lejos de poseer la capacidad tecnológica y los conocimientos para registrar con suficiente resolución aunque sea una parte ínfima de la actividad cerebral que nos permita decodificar o modificar un “pensamiento”, si es que tal cosa en realidad es posible.
Nuestro poco entendimiento de la función cerebral se ejemplifica dolorosamente en el hecho de que aún no se dispone de cura para enfermedades devastadoras como el Alzheimer, el Parkinson, o las lesiones medulares. En ese escenario, legislar con base al temor que en un futuro hipotético nuestros pensamientos sean leídos y manipulados por inteligencias artificiales no parece convincente. Ciertamente, los avances de la neurotecnología requieren una reflexión ética comunitaria y eventualmente una legislación, cuando efectivamente tengamos situaciones reales y no hipotéticas sobre las cuales legislar.