Entre las más de 30 entidades que respaldan dicha propuesta se encuentran los departamentos de Psiquiatría y Salud Mental Norte, Sur y Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, lo cual tuvo lugar en el marco de la XVII Conferencia Internacional de la Clínica Psiquiátrica Universitaria, “De la evidencia a la práctica en la psiquiatría actual”, realizada el 1 y 2 de agosto de 2025. También lo hicieron el Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Imhay, y el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Midap, ambos vinculados a nuestro plantel.
Respecto de dicho cuerpo legal, “Del Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental”, publicado en 2021 y que consagra el derecho legal a recibir atención y cobertura para trastornos de salud mental y consumo de sustancias en igualdad de condiciones que para enfermedades físicas y cualquier tratamiento médico, los autores del documento “Propuesta por la paridad entre salud mental y salud física” señalan que “esta paridad aún no se cumple en la práctica”, con nefastas consecuencias para la población.
“Las organizaciones académicas, científicas, de pacientes y de la sociedad civil que suscribimos esta propuesta hacemos un llamado urgente a quienes aspiran a la Presidencia de la República y a sus equipos programáticos a garantizar la implementación efectiva de la Ley 21.331 y terminar con la discriminación estructural que aún persiste en el acceso y cobertura de los tratamientos de salud mental”.
Esto es urgente, señalan, ejemplificando que “antes de la pandemia, un 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA) estaban determinados por las condiciones neuropsiquiátricas. Por otra parte, la prevalencia de cualquier trastorno psiquiátrico en niños y adolescentes era de 22,5% (19,3% para niños y 25,8% para niñas), mientras que para niñas y niños de entre 1 y 9 años un 30,3% de los AVISA se debe a estas condiciones, proporción que se incrementa a un 38,3% entre los de 10 a 19 años. Pero tras la pandemia aumentaron los trastornos ansiosos y depresivos en alrededor de un 20%, lo que se tradujo en aumento del uso de fármacos para trastornos de salud mental en un 89%. Incluso las consultas por urgencias psiquiátricas crecieron en un 18% en 2025 en comparación con 2022, y según el estudio de carga de enfermedad que está realizando actualmente el Ministerio de Salud, los trastornos de ánimo y ansiosos suman 480.912 años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) en 2025, proyectándose un aumento sostenido para la próxima década. En este contexto epidemiológico aproximadamente el 30% de las licencias médicas en el país son por trastornos de salud mental”.
“Para proporcionar una respuesta acorde a las necesidades de atención en salud mental resulta imprescindible terminar con la discriminación en la cobertura para los tratamientos de los trastornos de salud mental y de consumo de sustancias en comparación con las coberturas del resto de las enfermedades. Esta práctica —instalada tanto en el sistema público como en el privado— se traduce en graves restricciones en el tipo y número de prestaciones de salud disponibles, y en una tasa de rechazo de licencias médicas que alcanza el 80% de los reposos en las Isapres (60% de rechazo y 20% de reducción), lo que repercute en una limitación al acceso a tratamiento y en un elevado gasto de bolsillo para los pacientes y sus familias”.
“Esta vergonzosa discriminación no tiene fundamentos técnicos ni de salud pública y se mantiene en la actualidad, a pesar de la existencia de terapias efectivas para la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos y de la aprobación de la Ley 21.331, que menciona explícitamente en su artículo 20 que: “la atención de salud no podrá́ dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas” Este artículo ha significado una judicialización masiva de afiliados en contra de las Isapres debido a la falta de cobertura en tratamientos de salud mental. ¿Será necesario repetir la historia que culminó con la "ley corta de Isapres" a propósito del incumplimiento de la ley 21.331?”
“Para terminar con la discriminación en el acceso a tratamientos y al reposo terapéutico de los trastornos de salud mental se requiere la decisión política de implementar la Ley 21.331, considerando aspectos promocionales, preventivos, de rehabilitación y políticas públicas con una mirada integral de la salud mental. Por lo tanto, hacemos un llamado a quienes aspiran a dirigir a nuestro país a garantizar que los planes de salud públicos y privados permitan el acceso a tratamiento para trastornos de salud mental y adicciones en igualdad de condiciones que para el resto de las enfermedades físicas. Dichos servicios deben estar sujetos a los mismos términos y condiciones que el tratamiento de cualquier otra enfermedad. Este avance se plasmará en un plan concreto de reducción de estas disparidades —tanto de cobertura de prestaciones como de tasa de rechazo de licencias médicas- con indicadores medibles durante el siguiente periodo presidencial”.
“Confiamos en que esta dolorosa crisis sanitaria y social que ha evidenciado aún más las grandes necesidades de la población chilena en salud mental permita generar un cambio histórico para la salud en nuestro país, especialmente necesario en el escenario actual y ante los enormes desafíos que seguiremos enfrentando en los próximos años”.