Desde el estallido social chileno el 18 de octubre del 2019 (que recientemente se conmemoró su primer aniversario) diversas comunidades generaron instancias participativas a través de “cabildos” para discutir sus problemáticas y ver cómo solucionarlas en corto, mediano y largo plazo. Por esas primeras semanas después del estallido, el 28 de octubre del 2019 se realizó el primer cabildo (de cuatro) organizado por la comunidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile titulado “Por los cambios estructurales que garanticen el derecho a la salud”, en donde se abordó ampliamente la consagración de este derecho fundamental a través de una nueva constitución.
El texto constitucional vigente y redactado en dictadura, establece sobre el derecho a la salud que se asegura el acceso libre e igualitario, sea en acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación, además señala que es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, ya sea en el sistema público o privado. Para el Dr. Juan Pablo Rubio, becario del programa de especialistas en Medicina Familiar del Depto. de APSF, esta garantía está basada en la lógica subsidiaria del Estado, el cual promueve una libertad de acción que se encuentra condicionada por factores relacionados con los ingresos de la persona, su estado de salud y el rango etario.
“El rol actual del Estado no garantiza la concepción de la salud desde un modelo integral en donde salud es poder tener una seguridad social real, esto es, el derecho a una educación de calidad, a un trabajo digno y no precario, a condiciones de vida y medioambientales, factores que favorezcan la salud de las poblaciones. El Estado tiene que garantizar todas las condiciones para que las personas puedan desarrollarse en sus máximas capacidades, además de ser garante de esos derechos”, mencionó.
Determinantes sociales de la salud
Lo mencionado por el Dr. Rubio está relacionado con un concepto utilizado en medicina que hace referencia a las condiciones sociales que determinan la salud de las personas en donde se incluyen factores como educación, vivienda, medioambiente, entre otros, y la interacción de ellos con los sistemas de salud y economía que predominan en un país. En el caso chileno, estas determinantes se cruzan con un sistema de salud fragmentado en tres partes, hay un sistema público (Fonasa), un sistema privado (Isapre) y un sistema aparte para las fuerzas armadas. Para el Dr. Rubio, es fundamental avanzar hacia construir un sistema único que tenga en la base a la atención primaria.
“Lo más importante es partir con una reforma en el financiamiento para eliminar la inequidad en salud, que es estructural, para asegurar un fondo único y que el Estado pase de tener un rol subsidiario a un rol garante de derechos y de esta forma fortalecer el sistema público y la Atención Primaria”, indicó el Dr. Rubio.
Por su parte, la subdirectora del Depto de APSF, Mg. Viviana Ulloa concuerda con el Dr. Rubio en el sentido de que el proceso constituyente debiera avanzar hacia un sistema único que ayude a fortalecer los servicios de salud. “El cambio constitucional debiese ir en la línea de generar un sistema único de salud y lo mismo, un sistema único de cotizaciones de salud, de previsiones, y que las personas que quieran puedan tener un seguro complementario si así lo desean. Esto permitiría tener mejores ingresos para el sistema único, lo que lleva consigo poder mejorar la infraestructura, capacidad para poder tener recursos humanos, implementación, tecnología, etcétera”, aclaró.
En este sentido, la directora del Departamento de APSF, Dra. Soledad Barría, mencionó que es importante garantizar un financiamiento del sistema público que sea suficiente para el desarrollo de los servicios de salud. “Por cada persona inscrita en el consultorio o centro de salud, se le paga al municipio $7.200 pesos al mes, esos son los recursos que destinamos como país y con esa plata hay que hacerlo todo. No es suficiente para una salud digna”, señaló.
Para la Dra. Barría es importante que se avance en la línea de mayor justicia social debido al impacto que tienen las determinantes sociales en la salud de las personas, por lo tanto, no basta solamente con cambiar el sistema de salud o realizar modificaciones en este si las personas siguen estando determinadas por factores relacionados con la educación que reciben, el medioambiente en el que viven o las condiciones de trabajo en las que se encuentran. Un ejemplo concreto de esto se ve reflejado en la Encuesta Nacional de Salud (2017), en donde la población con menos años de escolaridad presenta una peor calidad de vida y mayores niveles de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.
“Para garantizar el derecho a la salud hay que considerar a los determinantes sociales porque el 60% del impacto en la salud de las personas tiene que ver con cómo viven y luego, también se requiere un sistema de salud que pueda respaldar esa garantía porque no basta con decir que tenemos derechos, sino que necesitamos que exista un sistema de salud universal que de respaldo a ese derecho”, mencionó la Dra. Barría.