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Es una situación contradictoria. Cuando una adolescente menor de 14 años desea hacer uso de métodos anticonceptivos, por una parte las leyes establecen su derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, en un espacio de confidencialidad. Pero, por otro, las mismas normativas obligan al equipo de salud tanto a denunciar la actividad sexual en estas jóvenes, considerando el hecho como violación en todos los casos, así como a informar a un adulto tutor que la solicitante indique, luego de entregarle anticoncepción de emergencia. Este panorama, al que denomina "puzle legal", "puede ser confuso y difícil de interpretar para los proveedores de salud, dándole a la atención de adolescentes una connotación médico legal, dejando estos procesos al criterio de cada profesional", explicó la matrona Ingrid Leal, investigadora principal del proyecto Fonis realizado por parte del cuerpo académico de Cemera y dado a conocer en un encuentro efectuado el 24 de septiembre de 2014.
Este panorama fue el que motivó la indagación, cuyo objetivo fue explorar los conocimientos, creencias y prácticas clínicas de los prestadores de atención primaria para la prevención del embarazo adolescente dentro del marco legal. De esta forma, se realizó un estudio cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas a 24 participantes, matronas y directores de centros de atención primaria de las áreas norte y suroriente de la Región Metropolitana, de los cuales dos contaban con espacios amigables para la atención de jóvenes; además, dos de los entrevistados provenían de centros especializados para adolescentes.
Resultados
Los resultados obtenidos establecen que existe una gran variabilidad en la visión que tienen los profesionales de la salud respecto de la conducta sexual de los jóvenes, desde una mirada que plantea esta área como una dimensión más del desarrollo normal en el curso de vida, hasta una que la percibe como un factor de riesgo que propiciaría la deserción escolar o el consumo de drogas; además, otra percepción se refiere a las adolescentes como un grupo con pocas competencias para asumir una sexualidad responsable, por lo que sería difícil lograr que adhieran a programas de regulación de la fertilidad.
También la investigación estableció que respecto de las leyes que regulan la práctica de la prevención del embarazo juvenil, la más conocida es la 19.927, que tipifica como delito de violación la actividad sexual con o sin consentimiento en menores de 14 años, "pero tampoco se maneja mucho la información que se refiere a que si la pareja tiene menos de dos años de diferencia con la menor, no sería un delito en caso de que hubiera consentimiento por parte de ella", añadió la docente.
Esto se contrapone con el desconocimiento que hay acerca del derecho de confidencialidad y privacidad de la información en la atención para la regulación de la fertilidad, el cual se quiebra ante la exigencia legal de concurrir con un adulto cuando una menor de 14 años solicita métodos anticonceptivos. "En general, los participantes consideran más importante la obligación de denunciar la posible violación que mantener la confidencialidad amparados en el secreto profesional", señala, agregando que entonces, como forma de respaldar la prestación y no efectuar la denuncia, se les indica a las adolescentes que vuelvan con una persona mayor de edad.
De esta forma, el estudio describe que la atención para la indicación de anticoncepción en las menores de 14 años puede darse en cuatro alternativas: entregar el método deseado sin condicionantes; realizar consejería y derivar a otro centro para que ellos lo indiquen; condicionar su indicación para cuando la adolescente concurra acompañada de un adulto o postergar la atención cuando la joven tenga los 14 años cumplidos. Esta situación, añade el estudio, hace sentir inseguridad a los profesionales de la salud, así como lo hacen las posibles consecuencias de realizar una denuncia, como el temor a las represalias y el quiebre de la confidencialidad de la atención.
Por ello, entre las consideraciones finales presentadas por la profesora Leal, señaló que "este actuar obliga a judicializar casos que no lo requieren y evita que sean abordados de forma específica e integral, dado que se reconoce que la actividad sexual a temprana edad pudiera estar asociada a problemáticas psicosociales, necesarias de identificar e intervenir".
El encuentro finalizó con la intervención del doctor Omar Orellana, director de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien destacó la relevancia de este proyecto como resultado de una larga trayectoria académica y asistencial del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera, así como la necesidad de mejorar la integración de las diferentes unidades básicas y clínicas que forman parte de la institución para la realización de proyectos científicos que apunten a problemas de salud de interés nacional.