Una convicción, un mandato moral, una prerrogativa, una desigualdad ante la ley, un privilegio o una primacía de los valores frente al deber profesional. Estas son algunas de las definiciones que se le dio al concepto de objeción de conciencia que son parte del proyecto de investigación "Representaciones discursivas sobre derechos y deberes profesionales, Institucionales y rol del estado, relacionadas con la objeción de conciencia sanitaria y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, por tres causales en Chile" 2016-2019.
El estudio, liderado por la directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA) Adela Montero, analiza los significados e implicancias de este concepto en artículos aparecidos en los medios de prensa y en las sesiones llevadas a cabo en el congreso sobre el proyecto de ley de aborto en tres causales.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, valoró el esfuerzo de investigar una temática que a su juicio no se ha tratado a fondo. Junto a esto, manifestó que esta discusión se relaciona con la forma en que se compatibiliza la opinión de un profesional con procedimientos que están garantizados por ley. "Tiene que ver con el derecho de las mujeres y la capacidad de un país de establecer una legislación. Debe respetarse la opinión de la minoría, pero esa minoría no puede ser la razón por la cual la mayoría no pueda llevar a cabo una acción", dijo.
Proyecto analizó 251 artículos periodísticos
La investigación constó de dos etapas: una búsqueda documental y otra de entrevistas.
En la primera se analizaron las publicaciones aparecidas en 11 medios de comunicación nacional entre mayo del año 2004 y diciembre de 2016. En este catastro se identificaron 251 piezas informativas correspondientes a noticias, entrevistas, columnas de opinión y reportajes, entre otros. Además se realizó una revisión de los debates parlamentarios.
La segunda etapa contempló 42 entrevistas semiestructuradas a actores relevantes entre junio de 2017 y julio de 2018.
Al respecto la profesora Adela Montero comentó que se trató de un proyecto dinámico en que a medida que avanzaba el debate, emergían nuevas aristas y visiones. "Durante la ejecución debíamos ir a la par con lo que se estaba discutiendo en relación a la ley 21.030. Incluso cuando hacíamos las entrevistas aparecían temáticas que no habíamos considerado. Por ejemplo siempre hablábamos del rol de los profesionales, pero nunca pensamos que terminaríamos hablando del rol del equipo de salud al interior del pabellón", explicó.
Valoración negativa frente al aborto
Dentro de los argumentos para invocar la objeción de conciencia, el estudio señala que los actores identifican al aborto con una alta connotación negativa, que la mujer es culpabilizada cuando lo vive y que implica una sanción social potente que podría ser traspasada al profesional que lo practica.
También aparecen las creencias, condiciones morales, religiosas y éticas y la consideración del feto como persona y por tanto sujeto de derecho. Otro argumento que surgió en la investigación es el del respeto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, punto a tener en cuenta según la profesora Montero en un posible debate sobre la eutanasia. "En Chile estamos empezando a discutir los problemas del fin de la vida y esta problemática también surgirá a futuro con fuerza", advirtió.
Deberes y derechos del equipo y de las instituciones
La investigación identificó también cómo a medida que avanzaba el debate emergían nuevas construcciones discursivas respecto a las obligaciones y derechos de los involucrados en la atención en salud y cómo el derecho a objetar se fue ampliando. Es decir, no sólo los médicos, si no otros profesionales de la salud, técnicos e incluso funcionarios no médicos, como fue propuesto por la Iglesia Evangélica.
En el ámbito de las obligaciones institucionales, surgió por un lado el respeto a la libertad de conciencia de los funcionarios, pero también el cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de instituciones privadas que tienen convenios con el sector público para que atiendan a las pacientes, independiente de su ideario.
Sobre el proyectoEsta investigación se llevó a cabo con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) Regular, adjudicado el año 2016. La investigadora responsable es la profesora Adela Montero y el equipo está compuesto por Raúl Villarroel, Íñigo Álvarez, Mirliana Ramírez, Jorge Vergara y la tesista Nicole Duarte. Se trata de profesionales del ámbito de la salud, la filosofía y las ciencias sociales. |