Después que el 13 de noviembre de 2018 el Consejo Universitario aprobara la propuesta de Rectoría para crear una Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria como un organismo autónomo a nivel central dentro de la Universidad, esta nueva institucionalidad universitaria entró en funcionamiento este lunes 8 de abril.
Esta Unidad, que ya se encuentra operativa, investigará la responsabilidad administrativa o estudiantil frente a situaciones que atenten la dignidad de las personas, especialmente aquellas que tratan sobre hechos constitutivos de acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria, y está sujeta al marco de los principios de imparcialidad, respeto, no discriminación y equidad de género. Es importante destacar que el proceso de denuncias seguirá siendo a través de la Oficina de Atención de Acoso Sexual de la Dirección de Igualdad de Género, en el decanato o dirección de facultades e institutos, en la Dirección de Bienestar Estudiantil y en la Dirección de Recursos Humanos o jefaturas de personal de cada unidad académica en el caso de funcionarios y funcionarias.
Para la oficialización y funcionamiento de la Unidad, asumió como abogada coordinadora del organismo, Catalina Lagos, experta en Derechos Humanos, Género, Derechos Indígenas y Medioambiente, que cuenta con experiencia de trabajo e intervención ante los órganos del Sistema Universal de protección a los Derechos Humanos, Investigación y docencia en Derecho Internacional, y asesorías legislativas e internacionales con enfoque de geìnero.
Asimismo, asumió como abogada integrante de la nueva unidad Ximena Valencia, especialista en Derecho Laboral y Género. Master en Género, Desarrollo y Globalización cursado en Reino Unido y un Magíster en Derecho de Género de la Universidad de Jaén.
Desde ahora, ambas expertas tendrán la función de fiscales o investigadoras sumariantes para instruir sumarios o investigaciones sumarias dentro de la Casa de Bello, y les corresponderá sustanciar y tramitar los procedimientos disciplinarios destinados a determinar la responsabilidad administrativa o estudiantil ante actos atentatorios a la dignidad de las personas, en especial, si tratan sobre hechos que pudieren constituir acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral o discriminación arbitraria.
El proceso de selección para la contratación de las profesionales fue dirigido por un Comité integrado por la directora de Igualdad de Género, Carmen Andrade, la directora de Recursos Humanos, Fabiola Divin y el director Jurídico, Fernando Molina.
Para Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género, la creación de esta Unidad responde a la necesidad de mejorar y agilizar los procesos para abordar los hechos de violencia de género y la atención a las personas afectadas al interior de la U. de Chile. "Debemos contar con las competencias necesarias para resolver las dificultades particulares que surjan de este tipo de conductas que se investigan y que se fundan en relaciones de asimetría de poder y de desigualdad de género y que, además, se suma a un conjunto de iniciativas de prevención y de formación orientadas a erradicar la violencia y el acoso de la comunidad", explicó.
Por su parte, el Director Jurídico, Fernando Molina, destacó que la puesta en marcha de esta Fiscalía "es parte de un acuerdo alcanzado el año pasado entre Rectoría y la Asamblea de Mujeres de la Universidad y, en ese sentido, va a permitir tener procedimientos más expeditos y ágiles puesto que vamos a tener funcionarias dedicadas a tiempo completo a estas investigaciones".
Y plantea que hasta antes del funcionamiento de este organismo, los fiscales eran "académicos o funcionarios que seguían desempeñando las funciones propias de sus cargos y, por lo tanto, no podían dedicar mucho tiempo a la tarea de realizar estas investigaciones disciplinarias" recalcando que "las nuevas fiscales tienen una formación con perspectiva de género, en relaciones laborales y son expertas en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionatorios. Esto último es muy relevante, toda vez que terminada una investigación, ésta es revisada por la Contraloría Universitaria y, eventualmente, por la Contraloría General de la República e incluso Tribunales, por lo tanto tienen que tramitarse ajustadas a derecho y especialmente a lo que establece el Estatuto Administrativo. Contar con estas fiscales va a permitir, además de incluir una perspectiva de género y relaciones laborales, asegurar procesos expeditos y correctos", planteó.
El pleno funcionamiento de esta Unidad cumplirá con la necesidad en materia de procedimientos disciplinarios que deriven de las denuncias en torno a materias de acoso laboral, sexual y discriminación arbitraria, teniendo en cuenta las particularidades de este tipo de conductas que, en lo que acoso y violencia hacia las mujeres refiere, generalmente están ligadas a relaciones de asimetría, poder y desigualdad de género.