"Representaciones sociales de actores relevantes vinculadas con las principales barreras a las prestaciones garantizadas en la ley 21.030, que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales en Chile", se llama el proyecto Fondecyt Regular liderado por la académica de la Facultad de Medicina de la Casa de Bello, doctora Adela Montero. La iniciativa busca ser una propuesta para mejorar la implementación de la ley, dando cuenta de las barreras en el sector público y privado de salud.
A fines del año 2017, fue promulgada la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Ley IVE). Dicha normativa solo posibilita el aborto en caso de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre o violación.
A seis años su implementación, el Ministerio de Salud dio cuenta del escenario actual en la materia, anunciando que desde enero de 2018 a septiembre de 2022, se han registrado solo 3.772 casos, cifra inferior a los 2.550 casos estimados anualmente por los especialistas.
En este contexto, las académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera, y Mirliana Ramírez, directora del Departamento de Enfermería, junto con las investigadoras de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado, Lidia Casas y Lieta Vivaldi respectivamente, buscaron indagar en las barreras que han impedido la implementación de la Ley.
La investigación, que también contó con la participación de la pediatra del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Paz Robledo, evidenció la carencia de información de la ciudadanía y los equipos de atención; interpretación errónea de la ley; la objeción de conciencia por parte de los médicos tratantes; la falta de fiscalización del Estado en la implementación de la norma y violencia estructural en la atención de las mujeres.
Asimismo, el estudio también identificó como obstáculo el estigma social a las mujeres, aún más si son migrantes, la falta de valoración del trabajo de las duplas psicosociales en los equipos de alto riesgo obstétrico e incluso las barreras geográficas para la derivación de las mujeres que se ven afectadas.
Según la doctora Montero, lo anterior se debe a que existe un estigma y una gran desinformación sobre el derecho de acceder y decidir de forma segura por parte de las personas gestantes. En este sentido, la especialista recomienda “realizar una fiscalización mayor que apunte a dilucidar lo que sucede en los establecimientos de salud públicos y privados, mejorar la capacitación de los equipos y reforzar las campañas que permitan que la población conozca de la Ley”, puntualizó.
En esta misma línea, la profesora Ramírez reforzó la importancia de comprender que “el acceso a esta ley es un derecho, por lo que en el sector público no debería existir la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, porque los funcionarios públicos deben estar sujetos a las leyes”.
La pediatra Paz Robledo, explicó que todas estas limitantes están impactando en la salud de las mujeres. “Hay barreras de información a nivel global tanto en las y los funcionarios como en la población”, puntualizó.
Sobre el proceso investigativo
La investigación impulsada desde la Facultad de Medicina se desarrolló entre enero 2021 y 2023, a partir de un enfoque cualitativo, donde se entrevistaron 71 integrantes del equipo de salud provenientes de 12 instituciones de salud pública, cuatro instituciones de salud privada y dos organizaciones de la sociedad civil del país. El 70% de la pesquisa contempló a mujeres, y apuntaron principalmente a gineco obstetras, matronas, trabajadores y trabajadoras sociales y psicólogos y psicólogas, mujeres usuarias, entre otros.
Los resultados del estudio impulsado por la Facultad de Medicina fueron presentados de manera presencial el pasado 16 de marzo en Casa Central de la Universidad de Chile.