El encuentro se realizó el 23 de mayo de 2024, ocasión en la que la directora del estudio, profesora Ingrid Leal –quien es subdirectora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente, Cemera- ahondó en las conclusiones de dicho proyecto, adjudicado en 2021 y finalizado en diciembre de 2023.
Así, explicó que el interés en realizar dicha investigación surgió de la necesidad que detectaron en adolescentes pertenecientes a programas del que era el Sename, sea de su área de protección o de justicia juvenil, porque no encontraban horas de atención oportuna en su respectivo consultorio o Cesfam. De esta forma comprendieron que, si bien había políticas públicas establecidas y dirigidas para la atención de estas usuarias, como es el Sistema Intersectorial de Salud Integral, SISI, “un plan creado entre los ministerios de Justicia, Salud y el Senda cuyo énfasis está dirigido más hacia la salud mental, era muy desconocido; por ejemplo, cuando llegaban estas adolescentes, la mayoría acompañadas por algún profesional de Sename, estos desconocían que existía este sistema de priorización para esta población en la atención primaria. Es decir, hay un vacío o una falla en el trabajo intersectorial que requiere una política pública como esta”.
A ello, agregó que en el transcurso de este proyecto “se dio la división de este servicio, separando a las niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encontraban los programas de protección de aquellos NNA que habían cometido infracciones a la ley. Por esta misma separación de servicios –en Servicio Nacional de Protección Especializada en Niños y Adolescentes y el Servicio de Reinserción Social Juvenil-, también cambiaron las estructuras y orgánicas de funcionamiento”.
Como resultado de este proceso, la política pública de trabajo intersectorial se complejizó más, pues los convenios de salud con estos servicios se hacen por separado, “y nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento tanto de los profesionales de estas instituciones de protección y justicia, pero también de los que trabajamos en salud. Lo mismo con esta política pública; pese a que está muy bien planteada, en la práctica eso no se ve reflejado y por eso las adolescentes no tenían la priorización que debieran para su atención, debido a lo cual muchas veces sus cuidadores buscaban otras alternativas para poder responder a las necesidades de salud sexual y reproductiva, la cual estaba demasiado invisibilizada”, dijo la profesora Leal.
Barreras de acceso en instituciones
En el estudio cualitativo “entrevistamos a 25 profesionales, tanto de la salud primaria relacionados a la atención de jóvenes, como del SENAME en su momento y de Mejor Niñez y de reinserción juvenil ahora. Además, a 16 mujeres adolescentes de programas de protección de las modalidades residencial y ambulatoria; enfocamos nuestro estudio en ellas porque son las que mayoritariamente viven las peores consecuencias de la falta de atención y educación en materia de salud sexual y reproductiva, como embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual o violencia sexual”.
En cuanto a los resultados, la profesora Leal cuenta que junto a su equipo –compuesto también por la trabajadora social Daniela González y el profesor Temístocles Molina, ambos de Cemera, además de la socióloga Carolina Carstens, de la Dirección de Género de nuestro plantel- determinaron que “hay barreras de acceso que detectamos a nivel de los profesionales, dada por dificultades en el traspaso de información y en la comunicación entre los trabajadores de los sectores de salud y de protección de los NNA; desconocimiento y desconfianza; alta rotación de profesionales y sobrecarga laboral; implementación insuficiente de programas de salud para adolescentes y desconocimiento de normativas para la atención de estos menores de edad”
Paralelamente, añadió la docente, se dieron cuenta de que las barreras de acceso a las que se enfrentan las adolescentes adscritas a estos programas es su desconocimiento del sistema de Atención Primaria en Salud; su inconformidad con la calidad de la atención –en términos de tiempos de espera, horarios y temor a ser juzgados-; con la exigencia de asistir a estas atenciones en compañía de un adulto, y que en estos espacios no se brinda una educación sexual adecuada y suficiente, sino que enfocada en el riesgo, con vacíos en temas como placer y consentimiento y con falta de formación en temáticas emergentes.
Por ello, concluyó que persisten los obstáculos o barreras a nivel institucional, pese al SISI; que hay dificultades en el intercambio de información entre las organizaciones y que persiste una visión adultocéntrica que pone trabas a la toma de decisiones por parte de las adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva. A ello, añadió que la atención de salud que se les preste debe, además, considerar su trayectoria de vida.
Como resultado de este proyecto, la profesora Leal señaló que se realizaron charlas de sensibilización, material didáctico dirigido tanto a los profesionales de salud primaria que se desempeña en la atención de estas adolescentes como a quienes trabajan en los programas de protección, “una guía de recomendaciones, que incluye un glosario que ayude a los equipos a comprender los conceptos y miradas desde el ámbito de salud como de protección, porque se necesita un lenguaje común”. Pero, también, material específico dirigido principalmente a adolescentes, referido a aspectos básicos de la calidad de la atención en salud, “como que no siempre debería ser exigible la asistencia a la atención con un adulto, pues eso no está ninguna normativa, y que hay derechos que deben ser respetados, como por ejemplo el de la confidencialidad”. Además, un documento de “policy brief”, orientado al sector de toma de decisiones en políticas de salud.
Buenas prácticas
La actividad fue inaugurada con la charla magistral del profesor Camilo Morales, académico del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, referida a los “Desafíos y oportunidades en la atención de salud a la adolescencia vulnerada en sus derechos”, ahondando tanto en los conceptos de niñez y adolescencia que subyacen en las políticas públicas orientadas a esos sectores, y en los enfoques predominantes en esas políticas de protección, como en los obstáculos que encuentran estos menores de edad para ejercer su derecho a participar de la toma de decisiones que los involucran.
Posteriormente, la actividad prosiguió con la presentación de la guía de recomendaciones publicada para el uso de profesionales de salud y de sistemas de protección, así como con un análisis de las buenas prácticas que encontraron en el desempeño de trabajadores y funcionarios de ambos sectores en el devenir de esta investigación, realizadas por coinvestigadores del proyecto.