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La Norma Técnica N° 243, aprobada mediante el Decreto Exento N° 28 del Ministerio de Salud en mayo de 2025, establece nuevos criterios para la clasificación de los establecimientos hospitalarios públicos en Chile, con el objetivo de mejorar la eficiencia, calidad y equidad del sistema de salud.
Esta normativa responde a la necesidad de adaptar la red asistencial a las realidades epidemiológicas, demográficas y territoriales del país, reconociendo la heterogeneidad de los dispositivos de atención en cuanto a su complejidad, recursos y capacidades resolutivas. Su enfoque se alinea con el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) y con el Modelo de Salud Integral con enfoque territorial.
Uno de los ejes principales del documento es que la clasificación hospitalaria ya no se basa solo en la complejidad estructural, sino en la capacidad efectiva de cada establecimiento para diagnosticar, tratar y resolver problemas de salud, considerando factores como el perfil epidemiológico local, la disponibilidad de especialistas, el acceso geográfico y la conectividad vial.
Se redefinen tres niveles de hospitales: Comunitarios o de Primer Nivel; Provinciales o Biprovinciales, de Segundo Nivel y Regionales o Institutos, de Tercer Nivel. Cada uno con roles diferenciados, carteras de servicios específicas y requerimientos en infraestructura, equipamiento, dotación profesional y soporte de telemedicina. Este marco normativo busca guiar la planificación sanitaria, fortalecer la articulación entre niveles de atención y orientar las futuras inversiones públicas en salud, con el objetivo de brindar una atención más resolutiva, oportuna y cercana a las personas, sin importar su lugar de residencia.
¿De qué forma la nueva norma técnica podría mermar el trabajo de las matronas?
Podría afectar si no se toman medidas para asegurar la incorporación activa y permanente de matronas y matrones en todos los niveles del sistema. Aunque la norma busca mejorar la eficiencia de la red asistencial mediante la clasificación de hospitales por niveles de complejidad, omite un reconocimiento explícito del rol estratégico de las matronas, especialmente en hospitales comunitarios.
Esto es preocupante porque muchas de las funciones que históricamente han liderado las matronas —como la atención ginecológica, el control prenatal, la atención del parto, la planificación familiar o la atención post aborto— podrían ser absorbidas por equipos generalistas o trasladadas vía telemedicina, sin el mismo enfoque de derechos, género y continuidad que caracteriza la matronería.
Además, en los hospitales de primer nivel, el foco está en “capacidades resolutivas básicas”, y no siempre queda claro si esto incluye presencia de matronas las 24 horas, lo que pone en riesgo la cobertura en salud sexual y reproductiva, tanto ambulatoria como de urgencia.
¿Cómo podría esto afectar la atención a pacientes embarazadas y también a quienes requieren atención ginecológica o de urgencia?
Los efectos pueden ser significativos. La atención ginecológica y obstétrica de urgencia requiere experiencia clínica, sensibilidad, formación específica y continuidad de cuidados. Las matronas no sólo atienden partos: también son claves en el manejo de urgencias ginecológicas como hemorragias, dolor pélvico agudo, complicaciones del aborto, violencia sexual o infecciones genitales severas. Si los hospitales comunitarios no cuentan con matronas en turnos permanentes, las mujeres que lleguen con estas urgencias podrían enfrentarse a atención inadecuada, retrasos o derivaciones a horas de distancia, con consecuencias graves para su salud física y emocional.
Además, si la atención ginecológica ambulatoria –como exámenes preventivos, seguimiento de ITS o anticoncepción- se ve reducida o entregada por profesionales sin especialización, se pierde la oportunidad de una atención integral, educativa y con enfoque preventivo, que es precisamente lo que ofrecen las matronas. En resumen: sí, es esencial contar con atención especializada en ginecología y obstetricia, particularmente en urgencias, y eso requiere equipos con matronas activas, formadas y presentes en todos los niveles.
Desde otra perspectiva, la profesora Ortiz señala que los cambios que propone esta nueva norma “tienen aspectos positivos en cuanto a ordenamiento territorial, uso de tecnologías y criterios de resolución. Sin embargo, también presentan riesgos importantes para la atención en salud sexual y reproductiva si no se implementan con mirada de género y enfoque de derechos: en particular, preocupa que el nuevo modelo no garantice la presencia de matronas ni la atención gineco-obstétrica permanente, especialmente en zonas rurales. Esto puede aumentar brechas de acceso, profundizar desigualdades y afectar la calidad de atención, especialmente para mujeres, adolescentes y personas gestantes”.
Por eso, finaliza, “para que estos cambios sean realmente beneficiosos, es clave que las matronas sean incluidas como parte esencial del modelo resolutivo y que se asegure la atención ginecológica y obstétrica como componente fundamental de la salud pública en todos los niveles del sistema”.