Oliver López Serrano, abogado salvadoreño de la Universidad José Simeón Cañas, se convirtió en el graduado número 39 del Programa de Doctorado en Derecho de nuestra Facultad, al defender el pasado 5 de mayo su tesis "El control de convencionalidad: reconstrucción conceptual y rol de las instituciones nacionales de protección y promoción de derechos humanos", trabajo realizado bajo la supervisión de la profesora Dra. Liliana Galdámez.
La comisión examinadora estuvo integrada por el Decano Dr. Pablo Ruiz-Tagle, quien presidió; Dr. Tomás Vial, de la Universidad Andrés Bello; Dra. Nancy Yáñez y Dr. Salvador Millaleo, de nuestra Facultad; y Dra. Flávia Cristina Piovesan, de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
La tesis – que fue aprobada con nota 6.0- plantea el problema de la falta de claridad del concepto del control de convencionalidad primario -o interno- que evoluciona en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y su desconexión con otros actores de los sistemas nacionales de derechos humanos, como las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (INPPDH).
La tesis propone una reconstrucción actualizada del núcleo esencial del concepto de control de convencionalidad, con una clasificación de sus formas de aplicación: control entre normas, pauta interpretativa, cumplimiento de sentencias y principio de complementariedad. Con ello se busca limitar el rango de operaciones jurídicas posibles y orientar su implementación. En segundo lugar, justifica un rol de colaboración de las INPPDH para el ejercicio del control de convencionalidad, a partir de sus funciones regulativas y constitutivas. El trabajo de investigación fue destacado por las y los profesores de la Comisión examinadora, por su novedad, utilidad, rigurosidad académica y actualización sobre el funcionamiento de las INPPDH.
Presenta un estudio de casos de El Salvador y Chile, donde concluye que el acomodo del parámetro de control de convencionalidad dependerá de: cómo se encuentren definidas las cláusulas de apertura constitucional, jurisprudencia constitucional y si los operadores jurídicos identifican competencias y reglas procesales para ejercerlo. La falta de claridad sobre estos aspectos sumado a una inadecuada comprensión del concepto hará que la aplicación del control de convencionalidad sea episódica, de forma divergente, opere en sólo algunas de sus formas, o simplemente no se mencione.
Por último, el trabajo expone casos donde las INPPDH han logrado que las autoridades nacionales retomen los estándares interamericanos y los apliquen para el caso o la situación concreta, y de esa forma colaboren al ejercicio del control de convencionalidad. Como, por ejemplo: iniciativas legislativas o propuestas de reforma, recursos en el proceso de inconstitucionalidad de leyes, requerimiento de inaplicabilidad de las leyes, asesoría a autoridades para el diseño de políticas públicas, formación de funcionarios/as públicos, entre otros.