Según explica el académico, quien además es candidato a doctor del University College London, “el proyecto inicial buscaba evaluar las políticas públicas que otorgan implante coclear a niños y adultos con sordera; en particular, entre el 2017 y 2020, con más de 300 beneficiarios a nivel nacional”.
La ley Ricarte Soto empezó a funcionar desde 2015 para enfrentar enfermedades catastróficas de alto costo, y el 2018 incluyó el uso de implante coclear en jóvenes y adultos con pérdida auditiva ocurrida luego del nacimiento. “Esto es muy importante, porque antes de esa ley esas personas no tenían acceso a estos dispositivos, lo que representa un grave problema de rehabilitación e inclusión social y laboral, porque es de muy alto costo; el estudio estimó que el gasto anual por beneficiario es alrededor de 25 millones de pesos, lo cual es muy difícil de cubrir para este grupo de personas y sus familias”.
Excelentes resultados
De esta forma, el estudio analizó el impacto de la "Ley Ricarte Soto" (LRS) en adultos sordos que recibieron implantes cocleares (IC) desde su implementación en 2018. “El objetivo fue evaluar el éxito del tratamiento y la inclusión en el mercado laboral de estos adultos”, explica el académico. Para ello, añade, se recopiló información de toda la población nacional que recibió el dispositivo entre 2018 y 2020, el cual ascendió a 123 beneficiarios de todo Chile, de los cuales 76 –es decir, el 62% de toda la población implantada- lograron ser evaluados al menos un año luego de recibir esta intervención en diferentes hospitales del país.
Para ello, dice el profesor Bustos, “se recogieron datos desde sus hospitales, lo que se unió a entrevistas realizadas a cada beneficiario, examinando factores demográficos, audiológicos y sociales que influyeran en los resultados, que en este caso era el éxito del tratamiento –medido por índices de bienestar e inclusión social-, y la mejora o mantención de la situación laboral.
“Vimos excelentes resultados en los beneficiarios, con altos índices de bienestar y adhesión al implante, lo cual fue medido con diferentes escalas; y también una mayoría de beneficiarios que mantuvieron o mejoraron su situación laboral luego de recibir el dispositivo, ya que esto ayudó a que pudieran volver a comunicarse eficientemente y retomar sus actividades usuales previas a la sordera”.
En resumen, este estudio respalda los beneficios que ofrece la Ley Ricarte Soto en términos de éxito del tratamiento y mejora de la situación laboral de adultos sordos usuarios de implante coclear en Chile. “Otras conclusiones del proyecto apuntan factores como la edad en la que se realiza este implante, pues entre los más jóvenes mejora sus posibilidades de mantenerse en contacto social luego de quedar sordos, y a los determinantes sociales de la salud ligados a los ingresos económicos, educación y acceso a servicios, los cuales también disminuye los buenos resultados”.
A ello, añadió que “se observó que las personas beneficiadas provendrían de comunas con mayor desarrollo y acceso a servicios, de lo que se deduce que las personas adultas de zonas extremas o de comunas con menos desarrollo tendrían menos posibilidad de acceder a la política”.
Una buena ley
Según detalla el profesor Bustos, la importancia de este estudio es que “es el primero que analiza el impacto que la ley de enfermedades de alto costo ha tenido desde su implementación, con excelentes resultados”. Además, en el caso particular de la política para el uso de estos dispositivos para pérdida en adultos, “fue realizada con altos estándares de evidencia, por lo que sus buenos resultados serían en parte porque técnicamente la ley tiene especificaciones basadas en evidencia internacional y nacional entorno al implante coclear en personas sordas adultas. Esto es positivo porque demuestra que en Chile se hacen buenas leyes con buenos resultados, especialmente las que involucran alto costo de recursos”.
En ese sentido, agrega, “el estudio demuestra un sistema que está funcionando a nivel nacional sanitario, considerando al Ministerio de Salud, hospitales y profesionales, con una gran adhesión de los beneficiarios, lo que es muy bueno. Los adultos que quedan sordos durante su vida tienen esta oportunidad de poder volver a sus actividades previas, especialmente quienes sostienen económicamente su hogar o quienes tenían graves limitaciones en la comunicación”.
A ello, finaliza, “hay desafíos pendientes con los adultos mayores quienes, aunque siguen recibiendo beneficios de las políticas, estos serían menores por su edad; eso, además de las limitantes que nuestra sociedad les impone en los social y comunicacional. También hay un llamado a ver cómo los determinantes sociales de salud que impactan en los beneficiarios, generando inequidad en los servicios y resultados”.
Por último, declara, “este estudio es un buen ejemplo de trabajo integrado entre nuestra universidad, organismos estatales y universidades internacionales de prestigio, en pro de la salud publica chilena y sus leyes”.